Propuesta de desarrollo de los tres primeros puntos del Manifiesto fundacional estatal : Financiación de la educación

El compañero Joaquin, de Andalucia ha realizado esta propuesta de partida ( que se trata de ir desarrollando con el objetivo de llegar a una declaración para ser aprobada por el círculo estatal en la reunión del dia 26):

" Medidas programáticas: un solo sistema público, diversificado e inclusivo

¿Cómo superar la división del sistema educativo en público y concertado, a la vez que se reorganiza íntegramente?
La pretensión de eliminar los conciertos de un plumazo agravaría la crisis del sistema educativo y la desigualdad que realmente importa: la falta de oportunidades reales de gran parte de las niñas y los niños, desde la educación infantil hasta el final de la ESO y más allá, donde no se establecen conciertos.

Primera etapa: igualdad de salarios, de formación y de acceso.
1.1. El cambio gradual comienza por reconocer la equivalencia en los derechos y los deberes de los docentes. El hecho de que la plantilla de los centros concertados esté sometida a unas condiciones laborales durísimas no es producto del azar. Las empresas que dirigen los centros privados concertados han aceptado sin grandes reparos que sus trabajadoras y trabajadores cobren un salario menor por un horario mucho más exigente, con tal que se les permita mantener los conciertos y, en la medida de lo posible, obtener beneficios.

Si se equiparan las condiciones que han de cumplir los candidatos a la docencia en ambos sistemas, el aumento del gasto público redundará en una mejora efectiva de la calidad y en una progresiva emancipación de los profesionales. En la actualidad, los docentes de la concertada tienen que someterse a exigencias draconianas, que incluso superan con frecuencia el horario legal. Las posibilidades de que inviertan tiempo en su formación, aun cuando sean obligados a hacerlo por los centros donde trabajan, son objetivamente muy reducidas.

1.2. Además, deberían homologarse las formas de acceso a la docencia en todos los centros financiados con fondos públicos. Otro asunto es que sea necesario reorganizar globalmente el proceso de formación y selección del profesorado en las etapas preuniversitarias o en los ciclos de FP.
Por lo que se refiere a los centros públicos, la distribución de efectivos basada, sustancialmente, en la antigüedad, el desempeño de cargos y la ceguera del azar no es el mejor modo de gestionar los recursos humanos. No hay ningún filtro intermedio que ponga en valor la práctica y, en su sentido propio, la experiencia docente, radicalmente unida a la formación permanente del profesorado.
En vez de crear sistemas complejos, arbitrados por agencias externas o semipúblicas, que encarecerían el proceso, sin provocar una mejora de las capacidades docentes, la garantía de la igualdad y de la calidad en la selección y la formación del profesorado tendría que basarse en la autonomía de los centros, en su organización democrática y en una radical transparencia.

Tanto los centros públicos como los concertados deberían aceptar que sean sus consejos escolares quienes vayan reconfigurando las plantillas, a partir del momento en que se establezca la vigencia de un nuevo sistema. Habrá que prevenir, en todo caso, la información necesaria y una lista de criterios comunes para que las personas que intervengan, directa o indirectamente, en la selección, puedan comprobar la aptitud y adecuación de los candidatos a las necesidades de un centro concreto.

1.3. La homologación previa de los candidatos tiene que realizarse de un modo distinto al sistema de oposiciones, quizá válido para seleccionar a funcionarios de la administración, pero completamente insuficiente y, en muchas ocasiones, arbitrario, si se aplica a comprobar las aptitudes profesionales.
La fórmula de un examen similar al MIR no es la mejor solución, ni aun cuando fuera asociada a un periodo de formación en prácticas. Las aptitudes pedagógicas no se demuestran por medio de un test, sino a través de un largo proceso de adquisición y una fase previa (no posterior) de prácticas, que obligaría a coordinarse entre sí las universidades y los centros autónomos de los demás niveles educativos. Una de las consecuencias lógicas, no un efecto azaroso, es que las mejores alumnas y alumnos en prácticas tuvieran, si lo desean, la oportunidad de continuar ejerciendo la docencia en los centros donde han realizado sus prácticas.
En cualquier caso, el procedimiento de homologación permitirá que colaboren universidades y centros autónomos, a través de tribunales mixtos, transparentes y recurribles, que fundamenten sus decisiones en informes elaborados por todas las instancias implicadas, incluido el alumnado, a través de evaluaciones que se enfoquen, objetivamente, sobre el éxito logrado por los aprendices y el desarrollo de sus competencias. Las pruebas complementarias a dichos informes incluirían aspectos pedagógicos, junto a los específicos de cada titulación.
Para hacer posible este salto cualitativo, en primera instancia, bastaría con introducir un departamento de didáctica de la enseñanza secundaria en todas las facultades universitarias, que ofrezca la posibilidad a los mejores estudiantes de orientar su formación hacia la docencia.

Segunda etapa: reorganización total del sistema.
Debe ser fruto de un amplio debate entre todos los agentes implicados en la educación. No obstante, tendría que partir de unas condiciones distintas al statu quo actual.
1) La plena autonomía de los centros, junto con su organización democrática, con el objetivo prioritario de reducir el fracaso escolar y minimizar el abandono en las etapas no obligatorias.
2) La restructuración de los sistemas de formación de docentes en todos los niveles educativos.
3) La desaparición de la brecha legal entre centros públicos y concertados. En la actualidad, estamos asistiendo a una carrera por capitalizar los centros concertados y dotarlos de nuevas tecnologías (ej. uso de tabletas cuya adquisición se financia sin intereses), mientras que los centros públicos subsisten con una dotación obsoleta. Se habla del “fin de las TIC” como de un mal inevitable, celebrado incluso por quienes temen la transparencia asociada al uso de dispositivos móviles o plataformas de comunicación.
4) La concentración de recursos humanos y materiales en las zonas socialmente deprimidas (barrios o zonas rurales), por medio de incentivos económicos y profesionales."

En el titulo 3) Me gustaría matizar un poco, pues yo soy un profesor de concertada, en un centro laico y sin orientación política.

Llevamos muchos años trabajando desde infantil, hasta la ESO, trabajando por proyectos, influidos por la filosofía de la ley de educación de Finlandia.
¿Qué hacemos con los profesores no sectarios de la concertada, mandandolos al paro?
No arrimo el ascua a mi sardina pues ya tengo 62 años y más de 30 años como profesor, pero a un colectivo de la enseñanza como a todos los profesores de la concertada meterlos en un mismo saco, creo que injusto, pues algunos trabajamos por una educación de calidad y no sectaria

Date: Sun, 12 Apr 2015 18:31:48 +0000

Eso, Antonio, es lo que queremos trabajar...no se trata de dejar a nadie fuera..por eso hay que elaborar una propuesta bien fundamentada

Esto es un documento de comienzo de trabajo en este tema.

También he estado en la concertada y, a pesar de la posibilidad de innovación, siempre muy guiada desde la dirección del centro me faltaba democratización, trabajo en valores como la segregación, equidad, el género, la multiculturalidad...
No son los profesores, es la filosofía de la concertada como negocio de un servicio público o potenciación de la segregación frente equidad y justicia social.

Joaquín, me he mirado con calma vuestra propuesta ( como se merece el trabajo que habéis realizado) y quisiera hacer algunos comentarios que tienen que ver con lo que estuvimos debatiendo

-Defendemos que la abolición sea progresiva por una cuestión de sentido común a la vista de los resultados de la LODE. No suprimirla es propiciar la segregación y hacerlo de golpe es crear algunas injusticias evitables.

-El ritmo aplicado al calificativo de "progresiva" depende de muchos factores ( algunos de los cuales no están en nuestra mano como círculo) pero no debiera ser tan lento como para caer en vía muerta ni tan rápido como para no haber estudiado bien todos los detalles.

-La idea básica es seleccionar cuales son los conciertos que realmente están cubriendo una función social y preparar una alternativa para ellos: o bien creando nuevas plazas públicas o bien llegando a un acuerdo para transferir las existentes. A los profesores se les puede dar la opción ( como se hizo en mi centro hace ya muchos años) de incorporarse mediante oposición o como interinos. Si se llega a un acuerdo con los propietarios se les puede compensar. En ningún caso se trata de indemnizaciones por "nacionalización" porque no puede entenderse así la no renovación de un acuerdo temporal subsidiario.

-Previamente a todo esto es fundamental realizar una campaña de concienciación en la que se explique claramente que el sistema público no es uniformización de color gris, sino que, con un profesorado formado y trabajando en condiciones se pueden potenciar las posibilidades de todos los alumnos con las metodologías adecuadas.

-Sin embargo hemos de tener cuidado con el excesivo énfasis en la autonomía de los centros, ya que muchas veces encubre intentos de segregación camuflada. Unos pocos principios básicos han de ser comunes a toda la red pública: financiamiento de acuerdo a impuestos directos ( la mal llamada gratuidad), laicidad, selección del profesorado de acuerdo a los métodos más objetivos posibles ( no sustituyamos el manifiestamente mejorable sistema de oposiciones por el dedo, más o menos autoritario de un equipo directivo) y metodologías centradas en el alumnado ( no se trata de forzar nada-hay muchas variantes posibles-pero si de reconocer que necesitamos una educación en permanente evolución para formar ciudadanos capaces de trabajar de forma crítica, creativa y colectiva)

Hola compañeras:
En la redacción inicial, supongo que al hablar de gratuidad de la enseñanza nos estamos refiriendo a la enseñanza obligatoria, ampliada quizá a Bachillerato y/o FP.
Eliminar los conciertos es fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema educativo público. Esta propuesta creo que es compatible con subvencionar (que es muy diferente) aquellos que cumplan una función social (cooperativas que practican modelos alternativos, instituciones que atienden determinados problemas, etc).
Evidentemente este proceso debe ser progresivo y los centros concertados tendrán que elegir si se convierten en privados o si se integran en la red pública y pasan a ser gestionados por la administración educativa.
Los detalles de cómo se compensa a los propietarios de estos centros que pasen a titularidad pública (pagando un alquiler razonable, por ejemplo) o de qué hacer con su profesorado (de ninguna manera se les puede convertir en funcionarios) requieren sin duda un estudio sereno en el que deberían participar todos los implicados, procurando minimizar los perjuicios.

Buenas noches. Pertenezco al grupo de Andalucía, y elaboré esta propuesta que adjunto. No sé cómo, al parecer el documento que circula de dicho grupo únicamente es el elaborado por Joaquín.

Ahora sí.

Isabel puedes ponerlo es pdf en que no lo veo.