SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CANDIDATURAS MUNICIPALES DE UNIDAD POPULAR

REFLEXIONES PARA EL DESPLIEGUE DE UNA ESTRATEGIA ELECTORAL MUNICIPAL CAPAZ DE CAMBIAR LA REALIDAD LOCAL - CONSEJO CIUDADANO - 29 DE NOVIEMBRE DE 2014

En España existen 8.177 municipios cuyas realidades son muy distintas entre sí. A pesar de la reiteración de las formas de corrupción y mal gobierno en muchos ayuntamientos, todos sabemos que existen grandes diferencias entre unos municipios y otros y que las condiciones de vida de la gente pueden variar notablemente en función de las políticas públicas aplicadas en cada localidad. Por eso, la acción de los Círculos es clave pare determinar, en cada Ayuntamiento, cuáles son los principales problemas y las líneas prioritarias de actuación.

De acuerdo con el documento político que aprobamos en la Asamblea Ciudadana, PODEMOS no estará presente con su identidad y marca en las elecciones municipales. Esta decisión conjuga la realidad de una organización joven con la adopción de una estrategia que opta por maximizar las posibilidades de una victoria electoral en el escenario estatal.

Este documento concreta los escenarios locales que el Consejo Ciudadano estatal entiende en consonancia con los objetivos electorales estatales probados por todas y todos en la Asamblea Ciudadana En tanto que PODEMOS como organización no estará presente orgánicamente en las candidaturas municipales,
corresponde a la organización en cada municipio evaluar cuanta energía pone en la construcción de estas candidaturas de unidad popular, sabiendo que la prioridad máxima de PODEMOS son los procesos autonómicos y las elecciones generales, a los que sí nos presentamos como partido.

De este modo, la participación de los hombres y las mujeres que conformamos PODEMOS en el territorio en el escenario electoral municipal pasa por trasvasar la inteligencia y la capacidad política acumulada en los Círculos a nuevas estructuras en la fórmula de candidaturas municipalistas de unidad popular que se están forjando en los ayuntamientos de nuestro país.

En ocasiones no será fácil distinguir las iniciativas municipales de unidad popular de otras fórmulas que, con apariencia de nueva política, reproduzcan viejas prácticas.
Como señalábamos en el documento político aprobado en la Asamblea, “la unidad popular, para nosotros, no es un nombre grandilocuente de lo mismo, ni mucho menos una sopa de siglas o una negociación entre partidos. Las candidaturas que quieran reproducir esas prácticas de la vieja política no son candidaturas a las que ofrecer nuestro trabajo ni nuestro apoyo.”

Por eso, y esto es un acuerdo de obligado cumplimiento refrendado por la mayoría de los inscritos e inscritas de esta organización, acordamos que la participación de nuestra organización en el territorio se limitaría en todo caso a coadyuvar a la construcción de candidaturas de unidad popular a partir algunos criterios:

• En las candidaturas de unidad popular “todas las posiciones en las listas electorales deben estar abiertas a ser decididas por la ciudadanía. Lo contrario nos devuelve a la lógica vieja de pactos entre partidos, que a menudo promueve a candidatos menos capaces de suscitar la confianza popular. Esto no es transparencia ni es voluntad de ganar.
• Las candidaturas de unidad popular son para transformarla situación, no para hacerle matices. Los contextos locales son variados y complejos y no siempre operan las mismas lógicas que a nivel estatal o autonómico pero es fundamental entender que los eventuales pactos contra natura en política municipal no pueden comprometer la estrategia general de cambio en el país.
• Las candidaturas de unidad popular y ciudadana generan una identidad nueva, abierta a todos. No son “pasado en ropa nueva”, sino pasos adelante de una voluntad popular en formación que quiere recuperar las instituciones de las manos de la mafia y ponerlas al servicio de la mayoría social. No pueden ser por tanto sumas de siglas.
• Las candidaturas de unidad popular y ciudadana saben que hay ya una mayoría de nuestro pueblo que quiere el cambio y la ruptura con la casta y su régimen. Esta mayoría a lo mejor no comparte aún símbolos y etiquetas, pero es la energía y posibilidad misma del cambio. Sólo discursos transversales y que aspiren a patear el tablero y reordenar las lealtades son útiles para el objetivo histórico que tenemos ante nosotros. Las candidaturas de unidad popular y ciudadana no buscan ubicarse en la izquierda del tablero sino ocupar la centralidad. Tampoco son candidaturas de activistas y movimientos haciendo política-estética para sí mismos. Son candidaturas de mayorías y hablan ese lenguaje, laico y de ofensiva. Asumen el terreno de lucha político-electoral y sus parámetros, y quieren vencer para hacer del hartazgo ilusión y del descontento poder de la gente.
• Las candidaturas de unidad popular combaten la corrupción en los municipios y ponen en marcha planes integrales para erradicarla de la gestión de Ayuntamientos y empresas públicas locales. Propician un modelo de gobierno municipal transparente y honesto con la gestión de recursos económicos. Será en este marco en el que los miembros de Podemos en cada municipio, y la ciudadanía que quiera participar de los procesos abiertos por Podemos, decida si se incorpora a fórmulas ya nacidas para sumar nuestro ADN a las mismas o, por el contrario, vuelca todos sus recursos humanos y de ilusión en la construcción de una aún más potente candidatura autonómica propia”. Ahora se trata de llevar a la práctica lo aprobado. En este sentido, en los casos en los que decidamos integrar candidaturas de unidad popular nuestra presencia debe ser transformadora. El conjunto de la ciudadanía espera que seamos garantes de una nueva forma de hacer política y por tanto que no auspiciemos ni apoyemos fórmulas que pretendan dar continuidad a la vieja política. No debemos temer a quienes tratan de imponernos las formas de la vieja política apelando a su mayor experiencia. Así como hemos acordado que la nueva política pasa por la celebración de primarias abiertas para elección de todos los puestos de las listas electorales, una lectura ampliada de este acuerdo debiera extender la participación ciudadana a la democratización del proceso de elaboración de los programas electorales y las decisiones sobre los pactos postelectorales. No tendría sentido abrir la confección de las listas a la ciudadanía y dejar fuera del control de la gente los programas electorales o la decisión sobre los pactos. En las candidaturas de unidad popular en las que queremos participar todo lo importante lo decide la gente. La diversidad de tejidos organizativos y realidades sociales en el nivel local hace difícil establecer criterios válidos para todos los casos. Por eso, este documento evita hablar de requisitos o condiciones vinculantes para todos. Cada iniciativa municipal presentará rasgos propios y no siempre fáciles de comparar, en ocasiones para bien y en otras para mal. La decisión de no presentarnos como PODEMOS a las elecciones municipales provenía de una lectura cautelosa de la situación. En consonancia con este acuerdo, el cumplimiento de la directriz aprobada exige que evitemos denominaciones comunes en amplios territorios que podrían terminar generando el mismo coste que tratamos de evitar renunciando a concurrir con papeleta propia. La creación de nuevas marcas comunes a varios territorios, pero sin ningún tipo de coordinación interna, podría dar a entender que existen proyectos políticos unitarios donde realmente sólo existe un nombre común. Así mismo, sería fácil que estas nuevas marcas fuesen rápidamente hegemonizadas por terceros. Repetir una misma denominación para iniciativas municipalistas distintas -y necesariamente serán iniciativas distintas por cuanto PODEMOS será sólo uno más de un crisol de actores en cada municipio- entraña riesgos evidentes. El más obvio es pagar políticamente el precio de los errores cometidos por otra iniciativa municipal de igual nombre, pero con la que no existen relaciones de coordinación o control político. Tal vez menos obvio, pero igualmente perjudicial, la eventual colaboración en la construcción de estructuras organizativas supramunicipales que tiendan a solidificarse y, en el medio plazo, fragmenten fuerzas en lugar de sumarlas. Sin duda, no es fácil establecer una regla general sobre esta cuestión, pero debemos tener presentes estos eventuales desarrollos y efectos. Bastaría con que se produjese un sólo caso de corrupción en el Ganemos/Marea de un municipio, para que todos los demás tuviesen que dar explicaciones sobre el caso, aún cuando no mantengan ninguna vinculación orgánica ni política con esa agrupación. Igualmente, bastaría con que dos Ganemos/Marea/etc. propusiesen la formación de un partido a nivel autonómico o estatal, para que todas las iniciativas municipalistas del mismo nombre se viesen obligadas a vincularse o desvincularse públicamente en un contexto informativo no necesariamente amable. En definitiva, debemos ser cautos y, al mismo tiempo, conscientes de nuestra centralidad y nuestra fuerza que es, ahora mismo, mucha y creciente. No será fácil. Los mayores retos están por venir. Por eso debemos prepararnos para superar las enormes dificultades que tenemos por delante y centrar todos nuestros esfuerzos en aquellos comicios, los autonómicos y generales, en los que Podemos sí presentará candidaturas propias. Una buena estrategia es abrirnos a nuestro entorno e incorporar en los espacios de Podemos a personas hasta ahora ajenas a nuestro trabajo organizativo. La apertura constante hacia la sociedad nos vacunará contra buena parte de los males que padecen los partidos nacidos del régimen del 78 y nos ayudará a formular propuestas políticas de mayor consenso y viabilidad.

LA PREFERENCIA POR LA FÓRMULA DE LA AGRUPACIÓN DE ELECTORES

La agrupación de electores es, en muchos sentidos, la fórmula participativa más coherente con el sentido de la mayoría de las candidaturas de unidad popular que se están constituyendo en nuestro país. Aunque no sea posible establecer un único criterio vinculante para toda la casuística que convive en lo local, la agrupación de electores constituye la estructura organizativa más adecuada a los rasgos comunes del actual movimiento municipalista.
Las agrupaciones de electores están diseñadas para la participación concreta en un único proceso electoral y para una única circunscripción electoral. La Ley Orgánica de Régimen Electoral recoge la figura de la agrupación de electores con los mismos efectos de participación electoral, régimen jurídico y financiación que el resto de candidaturas, si bien se constituyen única y exclusivamente para cada proceso electoral y su existencia se circunscribe al ámbito electoral en el que se presentan, sin que quepa candidatura colectiva a varias circunscripciones ni coalición de agrupaciones de electores
o agrupaciones y partidos.
De acuerdo con lo establecido por la ley, los candidatos no han de estar necesariamente inscritos en el censo electoral de la circunscripción municipal, pero sí han de estarlo los firmantes que avalan la agrupación (art. 187.3 de la LOREG).

Las agrupaciones de electores se constituyen a partir de las firmas de los vecinos de la circunscripción en la que se presenta la candidatura. Las firmas deben recogerse ante el Secretario de la Corporación municipal correspondiente o ante notario. La LOREG establece un número mínimo de firmas en función del tamaño del municipio de acuerdo con la siguiente relación:

En los municipios de menos de 5000 habitantes no menos del 1% de los inscritos en el Censo, siempre que el número de firmantes sea más del doble que el
de Concejales a elegir.

En los comprendidos entre 5.001 y 10.000 habitantes al menos 100 firmas.

En los comprendidos entre 10.001 y 50.000 habitantes al menos 500 firmas.

En los comprendidos entre 50.001 y 150.000 habitantes al menos 1.500 firmas.

En los comprendidos entre 150.001 y 300.000 habitantes al menos 3.000 firmas.

En los comprendidos entre 300.001 y 1.000.000 habitantes al menos 5.000 firmas.

En los demás casos al menos 8.000 firmas.

La constitución jurídica de una agrupación de electores exige movilización ciudadana significativa, que no siempre será fácil lograr. Sin embargo, cabe preguntarse si una iniciativa electoral que no logre reunir esta mínima proporción de apoyos entre sus vecinos tiene sentido que concurra a las elecciones. En cierto modo, este requisito legal nos puede servir como termómetro interno del proyecto, como oportunidad para abrirlo hacia la
ciudadanía y como mecanismo para la visibilización de sus promotores y promotoras en las localidades de referencia.
Es decir, nos aporta ventajas políticas al reducir la posibilidad de candidaturas fantasma.
En cuanto al régimen aplicable a Gastos y Subvenciones Electorales, la regulación y financiación es la misma que para los partidos políticos, federaciones o coaliciones, con la salvedad de que las agrupaciones de electores no deben de nombrar administrador general común, al tener su
ámbito limitado por la circunscripción electoral (art. 122 de la LOREG) y que por su carácter único no genera ningún derecho para próximas convocatorias a efectos de financiación.
En un orden distinto, sí existe una diferencia relevante.
Debe tenerse en cuenta que el art. 205 de la LOREG considera independientemente cada una de las agrupaciones de electores, en cada partido judicial, por lo que no es posible agrupar los votos obtenidos por distintas agrupaciones de electores que hubiesen presentado candidaturas en distintos municipios del mismo partido judicial, a los efectos de la elección de Diputados Provinciales. En la práctica, esto significa que sólo podrán llegar a las diputaciones Provinciales aquellas agrupaciones que hayan obtenido un proporción de apoyos muy alta en su municipio, capaz de hacer su presencia
significativa en el nivel provincial. Si bien constituye un coste, entendemos que es asumible, especialmente si tenemos en cuenta que las diputaciones que poseen mayor capacidad de gestión de recursos – Araba, Bizkaia, Guipuzkoa y los cabildos insulares- están sometidas a regímenes propios y, por tanto, es posible concurrir directamente al proceso electoral a través de agrupaciones de electores provinciales.