Consideramos los servicios públicos como uno de los derechos básicos de la población
En lo referente a la educación defenderemos la escuela y la universidad públicas. Nos oponemos a financiar con dinero público la enseñanza privada. Se planteará un plan para una progresiva universalización de la enseñanza pública. Se garantizará la gratuidad del primer nivel (de 0 a 3 años) así como de los niveles obligatorios. Se propone que se establezca que el estado favorezca la creación de temarios y libros accesibles para que la educación sea en realidad gratuita, así como fomentar el material escolar en común.
Consideramos la protección a la salud como un derecho y no como un negocio en manos privadas. Por ello se defenderá un sistema sanitario público, universal y de calidad, revirtiendo las privatizaciones realizadas por los gobiernos de la derecha y restableciendo el derecho a la salud de los emigrantes.
Los servicios sociales tienen que garantizar por completo la protección de todos y todas los que lo precisen. Se suspenderán los procesos de privatización, rescatando los servicios privatizados, haciendo que se cumpla la ley de dependencia en plazos razonables. Se defenderán los servicios sociales públicos universales y descentralizados que garanticen unos mínimos vitales a quienes estén en una situación económica que genere pobreza.
En general no se destinará ningún recurso público a privatizaciones
Otro derecho básico es la vivienda. Se propone que las administraciones ofrezcan parques públicos de vivienda en alquiler y para compra a precios asequibles. Se legislará para que la dación en pago sea una realidad para todos los que se vean imposibilitados de hacer frente a sus hipotecas. Asimismo se pondrán en marcha medidas que eviten los desahucios, con alternativas habitacionales en caso de que éste se produzca. En este punto se recogerán las demandas que se nos propongan desde la PAH
Proponemos democratizar la Justicia y transformar su administración en un servicio público, transparente y ágil, dotándola de los recursos necesarios. Defendemos el derecho a la justicia gratuita como garante de igualdad ante la ley. La administración de Justicia, su transparencia y proximidad, los recursos de los que dispone, la implementación de una eventual nueva ley de planta y sus efectos para los justiciables y los funcionarios. Se eliminarán las tasas implantadas por el PP.
Democratizaremos los medios de comunicación mediante normas que garanticen un reparto equitativo entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios privados. Los medios públicos estarán al servicio de la sociedad y no de los políticos en el poder
Defendemos la promoción y el acceso a la cultura desde las administraciones públicas.